La portavoz de Infancia y Familias del Grupo Parlamentario Socialista, Fátima Torrado, ha intervenido hoy en la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura para preguntar a la directora general de Infancia y Familias, Teresa Angulo, sobre el futuro de los Programas de Atención a las Familias. Torrado ha recordado que estos programas son “la primera puerta de entrada del sistema de protección a la infancia y la adolescencia”, ya que permiten detectar precozmente situaciones de riesgo, intervenir en el entorno familiar y evitar la institucionalización de menores.
“No podemos permitir que la existencia de un Programa de Atención a las Familias dependa de la voluntad política de alcaldes o mancomunidades. La LOPIVI es clara: la Junta de Extremadura es la responsable de dotar estos equipos, garantizar su estabilidad y asegurar cobertura universal”, ha subrayado.
La diputado socialista ha denunciado que, a día de hoy, el acceso a estos servicios “no está garantizado en igualdad de condiciones”, con “desigualdades territoriales, convocatorias tardías y financiación insuficiente” que provocan despidos y dejan familias sin apoyo y a menores sin protección. Asimismo, ha puesto de relieve la situación de precariedad laboral de los profesionales de los programas, educadores sociales, psicólogos y trabajadores sociales, que “perciben salarios que apenas superan el SMI, sin protocolos de seguridad claros y sin estabilidad laboral, a pesar de intervenir en situaciones de violencia de género, abusos sexuales o maltrato infantil”.
En su intervención, Torrado ha criticado la gestión de los “629.000 euros transferidos por el Ministerio de Derechos Sociales en 2025”, que según ha denunciado “se destinaron a guías que duermen en cajones, formaciones generalistas e incluso contratos con empresas privadas, en lugar de reforzar plantillas y mejorar las condiciones laborales”.
“La infancia no puede esperar. Cada día sin refuerzo de los Programas de Familias es un día en que un menor queda sin detección y una familia sin apoyo. Lo que está en juego no son números ni fórmulas jurídicas, sino los derechos de los niños y niñas extremeños y la dignidad de quienes los protegen”, ha señalado.
La diputada ha reclamado que los Presupuestos de 2026 incluyan “financiación estable que garantice salarios dignos y equipos profesionales completos”, que la cobertura sea “universal, sin depender de la capacidad económica de cada municipio” y que se garantice “máxima transparencia en la gestión de fondos y la creación de un equipo autonómico de coordinación que refuerce la calidad del servicio”. Ha insistido en la necesidad de “campañas de sensibilización que visibilicen el impacto de estos programas y un diálogo real con la Asociación Profesional, incorporando la experiencia de quienes están sobre el terreno”.
“Extremadura no puede permitirse más ambigüedades ni promesas sin concreción. Pedimos garantías claras: ¿van a contar los Programas de Atención a las Familias con financiación estable, cobertura universal y condiciones laborales dignas en 2026, cumpliendo la LOPIVI y evitando que nuestros menores sigan siendo víctimas de maltrato institucional?”, ha concluido.