La portavoz de Dependencia del Grupo Parlamentario Socialista, Judit Olivares, ha defendido este jueves en el Pleno de la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso para instar a la Junta a mantener de forma íntegra los servicios de Atención Temprana y Habilitación Funcional que actualmente se prestan en el Centro de Atención a la Discpacidad, CADEX de Cáceres, garantizando su carácter público, la calidad asistencial y la estabilidad de los profesionales que los desarrollan, una iniciativa que ha sido rechazada con los votos en contra del PP y Vox.
Durante su intervención, Olivares ha señalado que la iniciativa socialista da respuesta a la preocupación existente entre usuarios, familias y trabajadores ante una reorganización que, según ha advertido, “supone un debilitamiento progresivo de un servicio público esencial para las personas con discapacidad”.
“La atención a la discapacidad no puede abordarse como una simple reestructuración administrativa. Estamos hablando de derechos, de la atención que reciben las personas con discapacidad y sus familias, y de un servicio público especializado que durante años ha sido una referencia en Extremadura”, ha afirmado.
La diputada socialista ha recordado que los CADEX constituyen una pieza fundamental del sistema público de atención a la discapacidad, ya que en ellos se realizan valoraciones, diagnósticos, orientaciones y terapias que resultan esenciales para garantizar la autonomía personal, la inclusión social y el acceso efectivo a prestaciones y derechos.
En este sentido, ha denunicado que los menores que finalizan su etapa de Atención Temprana al cumplir seis años ya no podrán continuar sus tratamientos en el CADEX de Cáceres, siendo derivados a entidades externas que, según explicó, acumulan importantes listas de espera.
“No se puede afirmar que ninguna terapia se interrumpe mientras se comunica a familias que deberán esperar varios meses para ser atendidas por una entidad externa. La realidad es que muchos niños y niñas se quedan sin la continuidad terapéutica que necesitan”, ha asegurado.
Olivares también ha alertado sobre las consecuencias que esta situación puede tener para las personas con nuevas valoraciones de discapacidad, cuestionando los tiempos de espera que deberán afrontar hasta acceder a tratamientos especializados fuera del servicio público.
Asimismo, ha reconocido y puesto en valor la labor que desarrollan las entidades del tercer sector y las asociaciones de discapacidad, pero ha defendido que “la colaboración con estas organizaciones no puede convertirse en una sustitución de las responsabilidades que corresponden a la Administración”.
La parlamentaria socialista ha recordado que Extremadura es actualmente la única comunidad autónoma que ofrece habilitación funcional de cobertura universal dentro del Modelo de Atención a la Discapacidad de Extremadura (MADEX), una singularidad que, a su juicio, “el Gobierno regional parece dispuesto a desmontar”.
Durante su intervención, Olivares ha lamentado que el incremento presupuestario anunciado por la Junta no esté traduciéndose en mejoras reales para las personas con discapacidad. “Las familias perciben abandono, incertidumbre y la progresiva eliminación de terapias dentro del sistema público”, afirmó.
La diputada socialista ha advertido además de que la externalización de servicios supone una pérdida de capacidad pública, menor control sobre la prestación y mayores dificultades para garantizar la igualdad de acceso, especialmente en zonas rurales o para familias con menos recursos económicos.
“Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir una atención profesional, especializada y accesible desde los servicios públicos, y las familias tienen derecho a la seguridad de que estos servicios estarán disponibles con independencia de cualquier cambio organizativo”, ha subrayado.
Finalmente, Olivares ha pedido a la Junta que escuche a trabajadores, usuarios y familias antes de adoptar decisiones que afecten a un servicio esencial.
“Invertir en atención a la discapacidad es invertir en igualdad, cohesión social y dignidad. Una sociedad se mide también por la forma en que protege a quienes más apoyo necesitan”, ha concluido.
