El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Julio Rodríguez, ha defendido este jueves en el Pleno de la Asamblea de Extremadura una Propuesta de Impulso para instar a la Junta de Extremadura a resolver de manera urgente la grave situación que atraviesa la Red de Centros de Transporte de la región, denunciando el abandono de las infraestructuras, la degradación de los servicios y la dramática situación de los 56 trabajadores y trabajadoras que acumulan ya cerca de cuatro meses sin percibir sus salarios, una iniciativa que ha sido rechazada con los votos en contra del PP y Vox.
Durante su intervención, Rodríguez ha señalado directamente a Guardiola, como máxima responsable de una situación que considera “insostenible” y que evidencia, a su juicio, la falta de control y seguimiento del Ejecutivo autonómico sobre un servicio público esencial para Extremadura. “El problema no es nuevo. Los trabajadores denuncian que llevan años sin ser escuchados mientras las instalaciones se deterioraban y los servicios se degradaban. La Junta ha mirado para otro lado hasta que la situación ha explotado”, ha afirmado.
El diputado socialista ha recordado que los centros de transporte extremeños han llegado a sufrir falta de carburantes, ausencia de vigilancia, deterioro de instalaciones, problemas de mantenimiento y cierre de servicios básicos para los transportistas. “Estamos hablando de profesionales que en algunos casos no pueden ni descansar, ni asearse, ni utilizar con normalidad unas instalaciones públicas por las que pagan”, ha lamentado.
En su intervención, Rodríguez ha recordado que la actual crisis se produce tras la autorización por parte de la Junta de la cesión de la gestión de la Red de Centros de Transporte a la empresa Copergy Ibérica en mayo de 2025.
Según ha explicado, dicha operación se encuentra actualmente cuestionada judicialmente después de que el propietario de la empresa concesionaria original denunciara una posible estafa relacionada con el proceso de cesión.
“La Junta autorizó una cesión que hoy está siendo investigada en los tribunales y permitió que la situación llegara hasta el punto actual”, ha firmado.
Para el parlamentario socialista, existen demasiadas preguntas sin respuesta sobre el seguimiento realizado por la Administración autonómica, el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa gestora y el destino de los fondos públicos vinculados a la concesión.
Rodríguez ha criticado que las únicas alternativas planteadas por la Junta a los empleados pasen por la rescisión del contrato sin garantías de cobro o por esperar indefinidamente a la llegada de una nueva empresa. “La Junta está trasladando a los trabajadores que probablemente no cobrarán los salarios que se les adeudan. Una vez más, quienes terminan pagando las consecuencias son los más débiles”, ha indicado.
Asimismo, se ha preguntado qué ha ocurrido con las ayudas públicas vinculadas al Centro Especial de Empleo asociado a la concesión, recordando que la empresa continúa recibiendo subvenciones mientras los trabajadores permanecen meses sin cobrar. “Si la Junta sigue abonando aproximadamente 35.000 euros mensuales en subvenciones al empleo, los extremeños tienen derecho a saber dónde está ese dinero cuando los trabajadores no han visto ni un euro de sus nóminas”, ha señalado.
El diputado socialista ha acusado al Ejecutivo regional de reaccionar únicamente después de la presión ejercida por los trabajadores y por el Grupo Parlamentario Socialista a través de iniciativas parlamentarias. “La Junta ha actuado a rastras. Primero ignoró el problema y después intentó maquillarlo con anuncios y notas de prensa. La realidad es que, tras meses de impagos y más de un mes después de la denuncia pública de esta situación, seguimos prácticamente en el mismo punto de partida”, ha asegurado.
Rodríguez ha lamentado que mientras la situación empeoraba, Guardiola “estaba más preocupada por sus intereses políticos y por sus acuerdos con la ultraderecha que por resolver los problemas reales de los extremeños”.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que la negativa a respaldar esta propuesta supone dar la espalda a las 56 familias afectadas y renunciar a defender un servicio público estratégico para el desarrollo económico y logístico de Extremadura.
