Las diputadas Judit Olivares y Soraya Vega alertan del empeoramiento de la atención a las personas dependientes y de la falta de planificación en salud mental
El Grupo Parlamentario Socialista ha denunciado hoy en la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura el progresivo deterioro de dos pilares fundamentales del Estado del bienestar en la región; el sistema de atención a la dependencia y la salud mental.
Las diputadas socialistas Judit Olivares y Soraya Vega han advertido de que, tras tres años de gobierno del Partido Popular, los servicios públicos presentan peores indicadores, más listas de espera y una preocupante ausencia de planificación estratégica.
Extremadura obtiene la peor nota del país en dependencia
Durante su intervención, Judit Olivares ha preguntado a la Junta de Extremadura por la valoración que hace del último dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, correspondiente a los datos de 2025, un informe que sitúa a Extremadura con la peor calificación de todas las comunidades autónomas.
La diputada socialista ha recordado que la región cuenta actualmente con una tasa de limbo superior a la media nacional, una lista de espera que alcanza ya las 8.420 personas y 1.313 extremeños y extremeñas fallecidos mientras aguardaban el servicio o prestación a la que tenían derecho.
«Después de tres años gobernando, el Partido Popular ya no puede seguir culpando a gobiernos anteriores. Son ustedes los responsables de gestionar los recursos públicos y también de los resultados de su gestión», ha afirmado Olivares.
La parlamentaria ha destacado que Extremadura apenas incrementó en un 1,3% el número de personas atendidas en situación de dependencia durante el último ejercicio, muy lejos del crecimiento medio registrado en el conjunto del país. Además, ha denunciado el retroceso en servicios esenciales como la teleasistencia y la ayuda a domicilio, así como la apuesta del Ejecutivo autonómico por las prestaciones económicas frente al fortalecimiento de los servicios públicos de atención.
En este sentido, ha advertido de que Extremadura es la única comunidad autónoma donde las prestaciones económicas vinculadas al servicio representan más del 45% de la cartera de atención, una situación que, a su juicio, genera desigualdades entre ciudadanos en función de su renta y de su lugar de residencia.
Olivares reclamó al Gobierno autonómico que abandone las excusas, gestione adecuadamente los recursos disponibles y revierta unos datos que reflejan un claro empeoramiento de la atención a las personas dependientes.
Sin plan integral de salud mental
Por su parte, Soraya Vega ha centrado su intervención en la ausencia de una estrategia integral para abordar los problemas de salud mental en Extremadura.
La diputada socialista ha recordado que el último Plan Integral de Salud Mental finalizó en 2020 y denunció que, pese a los numerosos anuncios realizados por la Junta durante los últimos años, Extremadura sigue sin disponer de un nuevo marco estratégico actualizado, evaluable y dotado presupuestariamente.
«Los problemas de salud mental crecen, especialmente entre la población joven, mientras la Junta sigue acumulando anuncios sin ofrecer una hoja de ruta clara», ha señalado Vega.
La parlamentaria ha reclamado información concreta sobre el estado de elaboración del anunciado Plan Integral de Salud Mental y criticó que la respuesta del Gobierno regional continúe basada en actuaciones aisladas en lugar de una planificación global.
Según ha explicado, la ausencia de un plan tiene consecuencias directas para pacientes, familias y profesionales, ya que dificulta la evaluación de resultados, impide conocer objetivos concretos y genera incertidumbre sobre los recursos humanos y económicos que se destinarán a afrontar uno de los principales desafíos sanitarios y sociales de la actualidad.
Vega ha defendido la necesidad de reforzar la salud mental desde una perspectiva pública, integral y comunitaria, con coordinación entre sanidad, educación y servicios sociales, y reclamó una estrategia que sitúe a las personas en el centro de las políticas públicas.
Para el Grupo Parlamentario Socialista, existe un deterioro de los servicios públicos esenciales en Extremadura.
El PSOE de Extremadura exige a la Junta que asuma su responsabilidad, refuerce los servicios públicos y garantice una atención digna y de calidad a las personas dependientes, a quienes padecen problemas de salud mental y a sus familias.
