La portavoz de Transporte del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Justa Núñez, ha denunciado la falta de responsabilidad y planificación de la Junta de Extremadura en la gestión de los centros de servicio al transporte y el abandono que sufren sus trabajadores, 56 personas que continúan sin cobrar sus nóminas y que, además, no pueden acceder a la prestación por desempleo porque siguen vinculadas a la empresa adjudicataria, cuyo contrato fue resuelto por incumplimientos reiterados.
Durante su intervención en la Asamblea de Extremadura, Núñez ha reprochado al Ejecutivo de Guardiola que, pese a anunciar el pasado 21 de julio medidas inmediatas para garantizar la continuidad de los servicios y buscar una solución para los trabajadores afectados, la situación siga sin resolverse.
La socialista ha recordado que, tras la resolución definitiva del contrato, el 3 de agosto, la Junta asumió la gestión directa de los centros, pero permitió que los trabajadores continuaran prestando sus servicios hasta el cierre de las instalaciones, que se produjo en septiembre, sin recibir ninguna retribución por ese trabajo.
“Lo que nunca se debió haber hecho es permitir, mantener y consentir que esas 56 personas hubiesen seguido prestando servicios en los centros de transporte que la Junta de Extremadura ya gestionaba de manera directa”, ha afirmado.
Según ha explicado la diputada socialista, resulta especialmente grave que estos trabajadores hayan acudido a sus puestos durante ese periodo sin cobrar, mientras la Administración autonómica no les ofrecía una solución efectiva a su situación laboral. “En vez de estar al lado de los trabajadores, como dijo la consejera, se les ha engañado, se les ha hecho perder tiempo, se les ha utilizado y se les ha abandonado; por lo menos, ellos se sienten así”, ha señalado.
La diputada socialista ha insistido en que la Junta podría haber actuado con mayor previsión para proteger a los empleados y evitar que la resolución del contrato los dejara en una situación de absoluta incertidumbre. En este sentido, ha planteado la posibilidad de haber reservado las cantidades pendientes de abono a la empresa adjudicataria y haberlas consignado judicialmente para facilitar que los trabajadores pudieran reclamar los salarios adeudados.
Núñez ha recordado que el Gobierno autonómico ha aplicado una fórmula de emergencia para garantizar la continuidad de otro servicio público, el de limpieza de la red de hospederías de Extremadura, tras los impagos de la empresa adjudicataria. Por ello, ha cuestionado que no se hayan explorado con la misma diligencia alternativas para proteger a los trabajadores de los centros de servicio al transporte.
“Hay soluciones que se podrían haber aplicado y no se han hecho”, ha lamentado, reclamando al Ejecutivo autonómico mayor responsabilidad ante una situación que afecta tanto a los derechos laborales como a la dignidad de las personas.
