La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Soraya Vega ha reclamado a la Junta de Extremadura una verdadera política de salud mental, con planificación, inversión, profesionales y recursos suficientes, y ha advertido de que la comunidad autónoma sigue sin contar con una estrategia a la altura de las necesidades de las personas con problemas de salud mental y sus familias.
Así lo ha manifestado durante la comparecencia del presidente de FEAFES Salud Mental Extremadura, Antonio Lozano Sauceda, en la Comisión de Salud y Atención a la Dependencia de la Asamblea, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista para conocer la situación actual de la salud mental en la región.
Vega ha agradecido el trabajo que desarrolla FEAFES y el conjunto del movimiento asociativo, al que ha definido como “imprescindible” en la atención, el acompañamiento, la rehabilitación y la defensa de los derechos de las personas con experiencia propia de salud mental y sus familias.
La diputada socialista ha defendido que la salud mental debe ocupar un lugar central en las prioridades sanitarias y sociales de Extremadura. “No hablamos solamente de sufrimiento, hablamos de autonomía, de oportunidades y, en definitiva, de derechos, de empoderamiento y recuperación”, ha señalado.
Soraya Vega ha defendido un modelo de atención integral, multidisciplinar y comunitario, que priorice la detección precoz, la prevención, la continuidad asistencial y la autonomía personal. Un modelo coordinado con Atención Primaria, Servicios Sociales, centros educativos y recursos de empleo, que garantice que el lugar de residencia no determine las posibilidades de recibir atención.
Asimismo, ha subrayado que las familias no pueden convertirse en “el recurso invisible que compensa las insuficiencias del sistema” ni las entidades sociales asumir obligaciones que corresponden a las administraciones. También ha defendido que las personas con experiencia propia de salud mental participen activamente en el diseño y la evaluación de las políticas públicas.
La diputada socialista ha advertido de que los problemas trasladados por FEAFES evidencian que “Extremadura necesita una verdadera política de salud mental y, a día de hoy, seguimos sin tener una estrategia que esté a la altura de ese desafío”.
Vega ha vinculado la falta de planificación con la insuficiencia de profesionales, las dificultades de acceso a los recursos y las desigualdades territoriales, unas carencias cuyas consecuencias terminan soportando las personas afectadas y sus familias.
Frente a los anuncios de incremento de recursos de la Junta, ha cuestionado que las previsiones presupuestarias sean suficientes para responder a las necesidades reales. En concreto, ha señalado que el aumento previsto de 64 a 67 psicólogos clínicos mantiene la ratio en seis profesionales por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 18 de referencia.
También ha puesto en cuestión que el incremento previsto de plazas ambulatorias de rehabilitación psicosocial, de 495 a 530, y de hospitales de día, de 40 a 60, pueda considerarse una respuesta suficiente ante las necesidades existentes.
“La pregunta es si esos recursos son suficientes, si llegan a tiempo, si están suficientemente dotados y si responden a las necesidades reales de la población. Y mucho me temo que no”, ha afirmado.
La diputada ha insistido en que Extremadura necesita un despliegue territorial equilibrado, recursos de proximidad y equipos capaces de trabajar en red. “La atención en salud mental no puede concentrarse en determinados núcleos urbanos mientras las personas del medio rural encuentran más dificultades para acceder a ella”, ha defendido.
Además, ha reclamado superar un modelo limitado a atender las consultas o intervenir cuando aparece una crisis. Para Vega, la respuesta debe incorporar una perspectiva comunitaria, preventiva e integral, que conecte Sanidad con Educación, Servicios Sociales, empleo y atención a la dependencia.
En este sentido, ha recordado que la salud mental también está relacionada con la soledad, la precariedad, la violencia, incluida la violencia de género, la exclusión y las condiciones de vida. “Prevenir no significa trasladar a cada persona la responsabilidad individual de gestionar problemas que también requieren respuestas colectivas”, ha señalado.
Por último, ha reclamado a la Junta que concrete cuándo estará aprobado el IV Plan de Salud Mental, con qué financiación contará y qué objetivos y calendario permitirán evaluar su cumplimiento. Ha defendido, además, la necesidad de impulsar un Pacto Extremeño por la Salud Mental, tal y como ha planteado FEAFES, que garantice un compromiso institucional estable y sitúe a las personas en el centro de las políticas públicas.
“Escucharle hoy tiene que servir para algo más que compartir un diagnóstico. Tiene que servir para asumir responsabilidades”, ha concluido.
