El portavoz de Memoria Histórica del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Gonzalo Romero Barba, ha tildado de “fraude de ley” el expediente incoado por la Junta de Extremadura para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres, al considerar que el gobierno de Guardiola está intentando presentar “como una cuestión estrictamente patrimonial algo que, por su propio origen, es inseparable de su significado político e histórico”.
En su intervención, Romero ha señalado que la propia documentación incorporada al expediente reconoce que el monumento nació en 1937, durante la Guerra Civil, como homenaje a los caídos del bando vencedor. El expediente de la Junta recoge el acuerdo municipal de 9 de septiembre de 1937 y señala que la Cruz fue levantada en 1938 e inaugurada en mayo de ese año. “¿Qué más necesitamos para conocer el significado originario de este monumento? No estamos interpretando. Estamos leyendo la historia que ustedes mismos han incorporado al expediente”, ha afirmado.
El portavoz socialista ha rechazado asimismo el argumento de que la retirada de las inscripciones franquistas en 1984 permita desvincular actualmente el monumento de su origen. “Retirar una inscripción no significa borrar la historia de un monumento”, ha señalado, porque, a su juicio, su significado histórico debe valorarse atendiendo a quién lo construyó, cuándo y con qué finalidad.
ARGUMENTOS
Romero ha cuestionado también los argumentos utilizados por la Junta para justificar su protección patrimonial, como la monumentalidad, la verticalidad o su presencia visual en la plaza de América. “Eso es describir”, ha afirmado, antes de preguntar “qué tiene esta Cruz de excepcional, singular e irreemplazable para merecer la máxima protección patrimonial”.
En este sentido, ha criticado especialmente que la Administración haya recurrido a determinados trabajos históricos para fundamentar el expediente mientras, según ha denunciado, habría obviado informes técnicos específicos encargados para este procedimiento. “La Administración no puede seleccionar de una investigación únicamente aquello que le interesa y presentarlo después como aval científico de una decisión política, hasta los propios investigadores han pedido que no se usen sus nombres y que la junta no manosee sus trabajos académicos”, ha señalado.
El portavoz socialista ha situado además la decisión de la Junta en el marco de la Ley de Memoria Democrática y ha cuestionado que se tramite la protección de la Cruz mientras las políticas de memoria democrática plantean su retirada. “El efecto político y administrativo de la decisión de la Junta es evidente”, ha afirmado, al considerar especialmente significativo el momento en que se inicia el expediente.
El portavoz socialista ha recordado, además, que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso contra varios preceptos de la Ley de Concordia de Extremadura y acordó su suspensión cautelar. “El Estado de Derecho no funciona solo cuando las resoluciones judiciales nos gustan. Las instituciones se respetan siempre”, ha defendido.
Finalmente, el portavoz socialista ha puesto el foco en las víctimas del franquismo y en las organizaciones memorialistas que se han opuesto a la declaración. “Después de casi cincuenta años de democracia, lo que las víctimas siguen reclamando no es venganza, sino verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, ha concluido. “Eso es memoria democrática. Y eso es democracia”.