Guadiola está más preocupada de mantener la oficina antiocupa que de resolver los problemas reales de la vivienda en Extremadura

El PSOE de Extremadura ha asegurado este jueves que María Guadiola está más preocupada de mantener la oficina antiocupa, una exigencia de VOX., a los que se abraza para poder aprobar los presupuestos para 2025, que de resolver los problemas reales de la vivienda en la región.

Así se demuestra, según los socialistas, después de que en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, el PP y VOX hayan rechazado sendas propuestas de impulso del Grupo Parlamentario Socialista, una instando a la Junta de Extremadura a elaborar un estudio dotacional público para la construcción de vivienda social y otra a abandonar el proyecto de creación de un punto de atención para víctimas de ocupación ilegal y destinar esos fondos al mantenimiento de la gratuidad del bono transporte por carretera para 2025 en todas las rutas y colectivos que actualmente disfrutan de la misma

En cuanto a la primera iniciativa, la diputada socialista Teresa Nuria García Ramos, encargada de defender esta iniciativa, ha señalado la necesidad de poner en marcha “un inventario de suelo dotacional público para la construcción de vivienda social y conocer cuánto terreno tenemos en Extremadura para vivienda dotacional”, ha señalado la diputada socialista

En ese sentido, García Ramos ha considerado que la Ley de vivienda estatal permite que en los suelos dotacionales públicos se construya vivienda de alquiler social y “esto es una cuestión en la que está de acuerdo hasta el portavoz de VOX, como ha puesto de manifiesto en alguna declaración pública”.

Además, la iniciativa instaba a la Junta de Extremadura a garantizar la eliminación de barreras arquitectónicas , tanto interiores como exteriores de todas las viviendas públicas que se construyan.

“Es una apuesta decidida por el modelo de sociedad que queremos construir, que debe ser inclusiva y sin discriminaciones en todos los sentidos, ha apostillado al respecto.

La diputada socialista ha justificado su iniciativa por el gran problema que supone la vivienda en Europa, en nuestro y en Extremadura “y que el Partido Popular no quiere reconocer”.

Por ello, García Ramos ha sostenido que los socialistas defienden que la Junta de Extremadura como poder público, tiene el deber de facilitar y garantizar el derecho a una vivienda digna de “toda” la ciudadanía extremeña, adaptándose a las nuevas demandas, nuevas realidades, y nuevas circunstancias de la sociedad actual.

En este punto, ha subrayado que el Decreto-Ley de medidas fiscales que el Gobierno de María Guardiola ha presentado esta mañana en el Pleno de la Asamblea “no resuelve nada, y en materia de vivienda solo consigue que grandes tenedores acumulen viviendas desocupadas y que se priorice el beneficio económico por encima de la función social de la vivienda.”

Por ello, ha concluido que no solo sirve la fórmula de bajar impuestos a los que más tienen, “hay que invertir, invertir y ejecutar”.

La diputada socialista ha cuestionado al gobierno de María Guardiola si sabe cuántas viviendas de 80.000 euros se podrían haber hecho con los 566 millones de euros que ustedes no han ejecutado en el 2024. A lo que ha respondido que la cantidad es “7075 viviendas”.

Por todo ello, ha señalado que el PSOE y el Estado de Bienestar van de la mano; “tenemos un objetivo claro, que es que los extremeños y extremeñas puedan optar a un hogar, porque las políticas de vivienda socialistas se centran en lo esencial, que todos y todas tengamos los mismos derechos y oportunidades.”

Oficina Antiocupación

Por otro lado, y en respecto al abandono del proyecto de creación de un punto de atención para víctimas de ocupación ilegal, el diputado socialista, Juan Ramón Ferreira, encargado de defender esta iniciativa ha argumentado que decir que una familia tiene ha de temer que le ocupen su casa cuando sale de paseo, como señaló el consejero de Infraestructuras, Manuel Marín “es un argumento fuera de toda probabilidad y además es un ataque a la inteligencia de los diputados de esta Cámara”.

Ferreira ha señalado que un gobierno que asume no poder invertir en servicios básicos para la población, pero se puede permitir bajar los impuestos a los más ricos y montar una oficina para atender a víctimas de la ocupación ilegal, es un gobierno que va a la deriva y la mejor prueba del “sainete que la señora Guardiola tiene montado con VOX para aprobar los presupuestos que acaban de presentar para 2025”.

En este sentido se ha cuestionado “si la ocupación ilegal en Extremadura es un problema real o el problema real es que la señora Guardiola ocupe el corazón de los señores de VOX”.

Además, el PP y VOX han rechazado una propuesta de pronunciamiento instando al Gobierno de España a adoptar una serie de medidas en materia de vivienda tales como el bono de alquiler, los avales estatales o créditos públicos blandos para la población joven y la promoción de vivienda cooperativa para éstos.

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