La portavoz socialista en la Comisión de Hacienda y Administración Pública, Isabel Gil Rosiña, ha acusado hoy al Gobierno de María Guardiola de mantener a Extremadura “paralizada durante seis meses” tras las elecciones anticipadas y de desarrollar una política fiscal “al servicio de los privilegiados”, mientras se deterioran los servicios públicos y se abandonan las necesidades reales de las familias extremeñas.
Durante la comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, para explicar las líneas generales de su departamento, Gil Rosiña ha denunciado que el Ejecutivo autonómico ha tomado decisiones “rozando el límite de la legalidad” durante el periodo en funciones y ha recordado que el Gobierno modificó “en una decisión política sin precedentes” la ley de transición entre Gobiernos mediante un decreto ley.
“Extremadura ha estado seis meses sin actividad parlamentaria, sin capacidad de impulsar la acción del Gobierno y tampoco de fiscalizarla. Lo peor es que la región ha estado paralizada seis meses”, ha afirmado.
La dirigente socialista ha asegurado que el Gobierno del PP “es un Gobierno fallido que convocó unas elecciones anticipadas vendiendo los intereses de esta región a Madrid y al Partido Popular de Génova”, y ha recordado que esos comicios “costaron siete millones de euros” y provocaron una enorme parálisis institucional y económica en la comunidad autónoma.
Gil Rosiña ha desmontado además el relato del Ejecutivo sobre la imposibilidad de negociar unos presupuestos. “Era un relato falso y una negociación presupuestaria de la que usted fue apartada”, ha señalado dirigiéndose a la consejera.
En materia de Administración Pública, la portavoz socialista ha denunciado que el Gobierno regional “no ha sido cumplidor ni con la función pública ni con la Administración pública”, calificando de “nefasto” el proceso de estabilización impulsado por la Junta. “No se puede hacer peor”, ha afirmado, reclamando además explicaciones sobre la situación de los técnicos de empleo y sobre el verdadero avance de la transformación digital en la Administración autonómica.
Asimismo, ha criticado el incumplimiento de la prometida Ley de Función Pública y el recurso continuo del Ejecutivo a los decretos ley para sacar adelante decisiones clave.
La diputada socialista también ha puesto en cuestión el supuesto compromiso del Gobierno autonómico con el diálogo social mientras depende de VOX para gobernar. “¿Cómo va a ser el diálogo social en esta legislatura si el socio de Gobierno que les permite gobernar cree que los sindicatos sobran en este país?”, ha preguntado.
En este sentido, ha reivindicado el papel histórico de la concertación social en Extremadura y ha recordado que los grandes avances de la comunidad autónoma “jamás hubieran sido posibles sin sindicatos y agentes sociales”, citando como ejemplo los planes de empleo, las políticas agrarias, las estrategias para autónomos o la respuesta conjunta frente a la pandemia y las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania.
En el ámbito fiscal, Gil Rosiña ha acusado a Elena Manzano de desarrollar una política diseñada para beneficiar a las rentas más altas. “Su especialidad es quitar impuestos a los privilegiados de esta región”, ha denunciado, criticando especialmente la eliminación del impuesto de patrimonio y la intención del Gobierno de suprimir el impuesto a las grandes eléctricas.
“Van a regalarle 100 millones de euros a empresas eléctricas que facturan más de 10.000 millones al año mientras dicen que no hay dinero para pagar ayudas al alquiler a 4.000 jóvenes extremeños”, ha afirmado.
La portavoz socialista ha advertido de que las rebajas fiscales anunciadas por el Ejecutivo son “propaganda” y apenas tendrán impacto en la economía real de las familias extremeñas, mientras amenazan la sostenibilidad de los servicios públicos. “Menos ingresos públicos significan menos capacidad para sostener hospitales, centros educativos y políticas de dependencia”, ha señalado.
Gil Rosiña también ha acusado a la consejera de “mentir” sobre la Ecotasa y la tasa Enresa vinculada a la central nuclear de Almaraz, reclamándole “rigor” y diferenciando claramente entre ambos tributos. “No puede equiparar la tasa Enresa con la Ecotasa porque no tienen nada que ver”, ha advertido.
Finalmente, la portavoz socialista ha denunciado la baja ejecución presupuestaria del Gobierno regional y el retraso en numerosos pagos a familias, asociaciones y empresas. “Ni ejecutan ni pagan”, ha resumido, citando partidas millonarias sin ejecutar en áreas como gestión forestal, infraestructuras, empleo, agricultura, cultura o turismo.
Además, ha reclamado respuestas para las familias acogedoras, las hermandades de donantes de sangre y los empresarios extremeños afectados por los retrasos de la Administración autonómica. “¿De qué ejecución presupuestaria me habla, señora consejera?”, ha concluido
